La universidad ecuatoriana como entorno inclusivo: el derecho a
una educación integral
The Ecuadorian university as an inclusive environment: the right
to a comprehensive education
MSc, Laura Amarilis Borja Herrera
1
lborja@utmachala.edu.ec
MSc, Fernanda Tusa Jumbo
1
ftusa@utmachala.edu.ec
MSc, Jorge Maza-Córdova
1
jlmaza@utmachala.edu.ec
Recibido: 1/12/2017, Aceptado: 1/02/2018
RESUMEN
La educación es un derecho obligatorio de cada Nación y como tal se ampara su
cumplimiento en la carta magna de cualquier Estado-Nación. En esta normativa
claramente se prioriza la inclusión educativa desde el nivel inicial hasta la educación
superior, donde toma preeminencia valores como equidad, pluralismo, solidaridad,
respeto y tolerancia. En este sentido, se promueve la noción de un Ecuador sin barreras,
donde el Buen Vivir sea para todos y todas. Este preámbulo sirve para contextualizar el
presente trabajo de investigación como una revisión de literatura a fin de establecer de
forma propicia un abordaje teórico contemporáneo sobre la universidad ecuatoriana
frente al tema de la inclusión, Para ello se reseñan datos, estudios e informaciones sobre
las políticas educativas del país en torno a la educación inclusiva dirigida a personas con
discapacidad, históricamente invisibilizadas por el sistema social. Para efectos de esta
recopilación se aplica la revisión bibliográfica de conceptos claves y finalmente se
exponen las respectivas conclusiones y recomendaciones que garantizan la inclusión y
el principio de igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: Equidad, políticas educativas, accesibilidad, vulneración, derechos
1
Docente de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador
Revista científica Ciencia y Tecnología Vol 18 No 18 págs. 10-20
http://cienciaytecnologia.uteg.edu.ec
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ABSTRACT
Education is a compulsory right of each nation and as such is covered by compliance in
the charter of any nation-state. In this norm, the educational inclusion from the initial
level to higher education is clearly prioritized, where values such as equity, pluralism,
solidarity, respect and tolerance take precedence. In this sense, the notion of an Ecuador
without barriers is promoted, where Good Living is for everyone. This preamble serves
to contextualize this research work as a literature review in order to propitiously
establish a contemporary theoretical approach to the Ecuadorian university on the issue
of inclusion. For this, data, studies and information on educational policies of the country
around inclusive education directed to people with disabilities, historically invisible by
the social system. For the purposes of this compilation, the bibliographic review of key
concepts was applied and finally the respective conclusions and recommendations that
guarantee the inclusion and the principle of equality of opportunities in the teaching-
learning process are presented.
Keywords: Equity, educational policies, accessibility, violation, rights
Introducción
El acceso de todas las personas a la educación inclusiva es parte de la calidad que debe
caracterizar a cualquier política educacional, puesto que hoy en día la inclusión representa
una filosofía sobre el derecho de todos, lo que implica un esfuerzo por cubrir las
necesidades especiales o específicas de los actores educativos (García Cedeño, Maya
Montalván, Pernas Álvarez, Bert Valdespino & Juárez Ramos, 2016).
Es así que se presenta el tema de la educación inclusiva desde una necesidad social
sentida. Ecuador se inserta con fuerza en dicho proceso mediante el Plan Nacional del
Buen Vivir, el cual garantiza la inclusión de grupos sociales históricamente excluidos
(Bodero y Terranova, 2012). Con este propósito, las universidades, en su condición
de instituciones sociales, tienen la misión de transformar la sociedad, mejorarla y
perfeccionarla, para cumplir con su encargo social (Bestard González & López García,
2017). Partimos del principio básico de que la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad promueve su desarrollo pleno, integral y holístico. En este
sentido, autores como Villa Fernández & Arnau Ripollés (2009) resaltan algunas ideas
sobre la educación inclusiva:
La Educación es un derecho universal y debe reconocerse para todas las personas. Dicha
universalidad debe ser capaz de acoger las individualidades que todo ser humano posee,
y las actuaciones que atiendan las especificidades deben ser personalizadas ya que las
necesidades serán distintas. Se han producido avances en la integración de las personas
con discapacidad en la universidad, pero se precisa de una aproximación de
conocimientos humanísticos y tecnológicos para una mayor comprensión de la realidad
de la discapacidad. Las universidades deben abogar por la transversalidad de
competencias, valores, habilidades, conocimientos y aprendizajes, a fin de promover el
principio de igualdad de oportunidades y de no discriminación.
La unión e intercambio entre los distintos agentes implicados (actores universitarios) es
clave para lograr la plena integración de la persona con discapacidad en la universidad y
en la sociedad.
Este preámbulo sirve para exponer la siguiente pregunta de investigación:
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¿Como socializar las buenas prácticas de la universidad ecuatoriana en temas de
inclusión educativa? Para tal propósito se ha enunciado como objetivo general:
Identificar las buenas prácticas inclusivas de las Instituciones de Educación Superior
(IES) del país.
Desarrollo Normativa jurídica
A partir del año 2012, la Secretara Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(Senescyt, 2017) brinda las facilidades a la población con discapacidad para garantizar
su acceso a la universidad en igualdad de condiciones, transparencia y democracia. Por
su parte, el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) ha establecido
mecanismos operativos suficientes, previos a un diagnóstico médico. En general, las
personas con discapacidad y sus familias son amparadas por las siguientes normativas
nacionales e internacionales: Constitución de la República (2008). Ley Orgánica de
Discapacidades (2012); Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ONU, 2006); Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA, 1999).
Los derechos de las personas con discapacidad han sido considerados al momento de
construir los instrumentos de planificación nacional. Uno de ellos es el Plan Nacional del
Buen Vivir, el cual ubica en su objetivo numero dos el auspiciar la igualdad, la cohesión,
la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad.
Además del Plan Nacional del Buen vivir se han generado instrumentos de planificación
específicos que brindan lineamientos para el trabajo concreto con grupos diversos. Es
así como, a través de talleres participativos, se construyó la Agenda Nacional para la
Igualdad en Discapacidades (Conadis, 2014).
Igualmente, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador en su sección
quinta señala (Asamblea Nacional, 2008): La educación es un derecho de las personas
a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye una
tarea prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantiza la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, familias y la
sociedad tienen derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
De igual manera, el artículo 35, capítulo 3, de la Carta Magna indica (Asamblea Nacional,
2008): Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, la misma atención prioritaria
recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestara
especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.
Del mismo modo, el Art 47, numeral 7, de la Constitución, reconoce
(Asamblea Nacional,
2008): Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación que desarrolle
sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de
condiciones. Se garantizar su educación dentro de la educación regular.
Por su parte, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta (Senescyt,
2011):
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x Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación
conforme sus méritos académicos.
x Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permite iniciar
una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades.
x El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática,
incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz.
x Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas
de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de
formación de educación superior.
Mas aun, en el Art. 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior se expresa que para
ingresar a las Instituciones de Educación Superior públicas los aspirantes deben cumplir
los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión (SNNA), el mismo que
observar los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad (Senescyt,
2011).
Todas estas normativas establecen la intención del Gobierno Nacional de impulsar
políticas inclusivas y de accesibilidad, leyes que han sido acatadas de forma estricta y
comprometida por las Instituciones de Educación Superior con el fin último de propiciar
el Buen Vivir de todos aquellos estudiantes en situación de vulnerabilidad y discapacidad.
El caso de las universidades ecuatorianas
Las Instituciones de Educación Superior (IES) cada vez más encuentran los mecanismos
para no paralizar el estudio de las personas con discapacidad. Desde la perspectiva de
Lourdes Armendáriz, Subdecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Tecnológica Equinoccial del Ecuador (UTE), la universidad debe asumir el pedido de
ayudar a personas con necesidades educativas especiales en base a un criterio de
normalización que implica un grado de adaptación a los programas y la metodología
educativa (La Hora, 2006).
El primer paso fue convencer de la implementación de los derechos de las personas con
discapacidad a todos los actores y los agentes universitarios. Para ello, los profesores
han realizado adecuaciones a sus programas de estudio y el personal administrativo
conoce más sobre las características de los estudiantes con discapacidades.
El cumplimiento del derecho al estudio que tienen las personas con discapacidad ha
generado la consolidación de una visión humana integral de todos los actores
universitarios. En los últimos años, son los propios estudiantes quienes se han convertido
en guías de los no videntes, pero no solo esto, también aprenden lenguaje de señas y
muestran respeto a la diversidad (La Hora, 2006).
Firma de convenios interinstitucionales
Promover la inclusión, el acceso, la permanencia y la culminación de carreras en
Instituciones de Educación Superior de personas con discapacidad es el objetivo tanto
de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt)
como del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), motivo por el cual ambas
instituciones emblemáticas del país han logrado un acuerdo que contempla un plan piloto
con seis universidades ecuatorianas.
El convenio tiene como propósito desarrollar, coordinar y motivar acciones conjuntas
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entre ambas instituciones a fin de asegurar condiciones de igualdad y libertad para las
personas con discapacidad en el Ecuador. De esta manera, el Conadis se compromete
a asesorar a las universidades sobre la Normativa Nacional INEN, la accesibilidad al medio
físico, la comunicación y la atención prehospitalaria y de desastres.
Asimismo, los estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo podrán acceder
a los cursos de sensibilización y capacitación en el ámbito de las discapacidades (Los
Andes, 2016). Por su parte, la universidad ecuatoriana promover y ejecutar
investigaciones en el ámbito de las discapacidades e impulsar la creación de contenidos
pertinentes a estas tareas, a fin de generar conciencia y responsabilidad en los
estudiantes.
En todo caso, el objetivo es mejorar la calidad de vida y los perfiles profesionales de las
personas con discapacidad. Además, una de las tareas pendientes es mejorar la
infraestructura y los espacios inclusivos para que las personas con discapacidad puedan
estudiar sin ningún menoscabo de expectativa porque no exista un espacio propicio para
él (Los Andes, 2016).
La inversión en formación y acceso a una Educación Superior de calidad es uno de los
elementos más importantes. En este sentido, el propósito de ambas instituciones es
brindar acceso a toda la población, considerando de manera esencial a los grupos de
atención prioritaria. En sí, lo que se busca desde el Estado es garantizar el derecho a la
educación de las personas con discapacidad. Entre las acciones afirmativas, se contempla
la entrega de becas completas a quienes pertenezcan a este colectivo de atención
prioritaria y demuestren un alto desempeño académico (Cordicom, 2014).
Asimismo, Conadis promueve el asesoramiento a las personas vinculadas con el Sistema
de Nivelación y Admisión de las universidades ecuatorianas (SNNA), encargadas de
evaluar a quienes ingresan al Sistema de Educación Superior, con el fin de dotar de
infraestructura y tecnología amigable al entorno universitario. No regalamos nada, todo
es por méritos y capacidades de quienes acceden a este plan. Lo único que cambia son
las políticas de inclusión se ha pronunciado en varias ocasiones la Senescyt (Cordicom,
2014).
En palabras de los representantes de los Consejos Nacionales de Igualdad, la inclusión
en la universidad es un avance en la exigibilidad de los derechos de las personas con
discapacidad, lo que les permitirá un acceso más inclusivo en cuanto a su inserción
laboral. Por su parte, los funcionarios del gobierno nacional señalan que es necesario que
la sociedad comience a cambiar sus formas de entender la discapacidad y esto significa
asumir verdaderas políticas inclusivas (Cordicom, 2014).
Para el efecto, ambas entidades han implementado un plan piloto de Política de Cuotas
que no es otra cosa que una política inclusiva que garantiza el acceso, permanencia y
culminación de la carrera universitaria de las personas con discapacidad, aplicando un
sistema de tutoras que busca institucionalizar el seguimiento y apoyo en el desarrollo
académico de los beneficiarios (Ecuador Inmediato, 2017).
El sistema universitario debe brindar igualdad de oportunidades para todos, a través de
acciones efectivas que sirvan para afinar los instrumentos y mecanismos a ser aplicados
en todo el sistema universitario. En sí, la firma del convenio entra en un registro histórico
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inédito, debido a que las personas con discapacidad podrán obtener un título profesional
y en consecuencia aportan al cambio de la matriz productiva del Ecuador. Es más, la
política de cuotas permitir que las personas con discapacidad están cubiertas en su
proceso educativo desde el ámbito económico, movilidad y de asistencia técnica
(Ecuador Inmediato, 2017).
Becas universitarias
La Senescyt viene impulsando año a año un programa de becas dirigido a personas con
discapacidad. El propósito es brindar igualdad de oportunidades a estudiantes
ecuatorianos y ecuatorianas con capacidades especiales, y que, habiendo sido calificados
por el Conadis, porten el carné emitido por esta institución (Senescyt, 2017).
Además, el Gobierno de Ecuador suscribió un acuerdo con Rusia en materia educativa
para que jóvenes ecuatorianos con algún tipo de discapacidad puedan cursar estudios
en universidades rusas. En específico, el convenio se ha logrado con la Universidad
Moscovita de Economía y Humanidades y está dirigido a personas con discapacidad
motriz (Sputnik News, 2016).
Este acuerdo con la Universidad Estatal Moscovita de Economía y Humanidades se dio
debido a que dicha institución obtuvo la denominación de Institución Educativa Estatal
Federal de Educación Superior Inclusiva por su trabajo de más de 20 años al servicio de
las personas con capacidades especiales (Sputnik News, 2016).
Plataforma de discapacidades
Otro de los proyectos emblemáticos del Gobierno Nacional ha sido la creación de una
Plataforma Virtual con el fin de promover un cambio positivo de actitud a través de la
sensibilización en discapacidades en el personal administrativo de las universidades y
se brinde así una atención e inclusión efectiva y progresiva de las personas con
discapacidad (Red Clara, 2017).
En este curso se brinda nociones generales en torno al concepto de discapacidad, los
tipos de discapacidad existentes, las orientaciones adecuadas de trato y atención, la
accesibilidad de información y el marco jurídico que reglamenta la discapacidad en
Ecuador (Red Clara, 2017). Y es que, en el mundo de la Educación Superior, la inclusión
de las personas con discapacidad aun es un proceso complejo, lento y con muchas
barreras por superar.
A criterio de David Vásquez Aguirre, Director Provincial de la Secretaria Técnica para la
Gestión Inclusiva en Discapacidades del Ecuador (SETEDIS), la academia tiene un rol
insustituible en la creación y fortalecimiento de una cultura Inclusiva. Según Vásquez
(2015), las instituciones educativas necesitan desarrollar políticas para lograr ser
incluyentes y equitativas. En sus palabras:
Hay que incorporar dentro de las políticas y reglamentos internos de las instituciones a
los estudiantes con discapacidad, en lo relativo a adecuaciones metodológicas, servicios
de apoyo académico, materiales educativos adaptados, apoyo económico y acceso a la
tecnología.
En Ecuador es necesario que los consejos académicos y estudiantiles cuenten además
con representatividad de alumnos con discapacidad. Eso fomentara la inclusión de las
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minorías y una auténtica democracia de todos los colectivos inscritos a una casa de
estudios. Además, es preciso incorporar a otros actores en la tarea de la inclusión, como:
Desarrollo de páginas web accesibles; transporte adaptado al interior del campus
universitario; incorporación de la temática de la inclusión en cursos de formación
general.
Por su parte, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Discapacidades, dispone que en todas
las Instituciones de Educación Superior se transversalice el conocimiento del tema de la
discapacidad dentro de las mallas curriculares de las diversas carreras y programas
académicos
Por tanto, el desafío es implementar la educación diferencial y clases con una metodología
visual o gráfica. Es más, los alumnos con discapacidad auditiva deberán tener acceso a
audífonos y a una socialización para que se conozca de mejor manera el tema de la
discapacidad y los estudiantes sepan cómo reaccionar frente a esta condición (El
Telégrafo, 2015).
Para el Director Provincial de la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en
Discapacidades, David Vásquez Aguirre, otro desafío pendiente es la inclusión laboral,
puesto que una vez que los estudiantes han culminado su carrera universitaria no la
pueden ejercer o trabajan en ámbitos ajenos a la formación recibida (El Telégrafo, 2015).
Facultad de Ciencias de la Discapacidad
Según el último reporte del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades
(Conadis), en Ecuador hay alrededor de 410.000 personas con esta condición. Del mismo
modo, en el 2014 se presentaron 2018 personas con discapacidad a rendir pruebas en
el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA). Del total de inscritos, un
aproximado de 1000 personas ingresaron a distintas universidades del país (Cordicom,
2014).
Una de las instituciones pioneras en crear espacios inclusivos ha sido la Universidad
Central del Ecuador (UCE) a través de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad. Según
Fernando Sempertegui, Rector de la UCE, lo que queremos es establecer políticas
públicas para incorporar compatriotas a oportunidades de inserción laboral y social. Para
ello es necesario atacar la raíz; es decir, saber cuáles son las razones que provocan las
discapacidades (El Telégrafo, 2016).
La Facultad de Ciencias de la Discapacidad oferta carreras que brindan atención
especializada, esta iniciativa nace como la fusión y transformación de una escuela de
tecnología a una facultad de licenciaturas, donde se juntaron carreras enfocadas a la
rehabilitación, además de la atención y prevención de problemas de discapacidad
(Veletanga, 2016).
La Facultad de Ciencias de la Discapacidad es financiada por el Banco de Desarrollo
(BEDE) cuya inversión ha permitido a la UCE adecuar las aulas de estudio y construir
centros de fisioterapia y una piscina para la rehabilitación física. Actualmente, se ofertan
cuatro carreras como son: fisioterapia, terapia física, terapia ocupacional y terapia de
lenguaje. Estas licenciaturas se han impartido por más de diez años en la Escuela de
Tecnología Médica y sus contenidos tienen relación directa con el apoyo a las diversas
formas de discapacidad (El Telégrafo, 2016).
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A futuro, la Universidad Central del Ecuador espera abrir otras licenciaturas. Una de ellas
ser Epidemióloga de la Discapacidad porque, en palabras de Sempertegui, se debe
estudiar de forma científica y sistemática las causas para definir políticas públicas de
intervención. Otras licenciaturas a ser consideradas son: Trabajo Social Clínico y
Educación para personas con discapacidad. En todo caso, lo que se busca es responder
a nuestros propios problemas y lograr que en los estudiantes se potencialicen otras
capacidades (El Telegrafo, 2016).
Tiflotecas
La universidad ecuatoriana ha inaugurado también centros de apoyo y Tiflotecas para
personas con discapacidad a fin de integrar a los alumnos discapacitados. En este
sentido, el apoyo académico que se brinda a los estudiantes es muy amplio para el caso
de la discapacidad visual, ya que la Tifloteca crea materiales accesibles como textos
digitales que facilitan el estudio con lectores de pantalla.
Estos espacios nacen con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos,
otorgar apoyo a su transferencia y favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidad
a través de una red académica de apoyo e investigación en tecnologías inclusivas (ANS,
2016). La función de estos centros de apoyo es dar soporte académico a docentes y
estudiantes con discapacidad, creando documentos accesibles y materiales educativos
aptos para las distintas habilidades de los usuarios.
La Tifloteca es un espacio para la consulta de audiolibros y otros materiales con ayuda
de lectores de pantalla. Aquí se dispone de libros, revistas, material educativo, entre
otros elementos en braille. También existe material audible, películas, cuentos y textos
para uso de personas con discapacidad visual o baja visión, entre otros (ANS, 2016).
Conclusiones
Las consideraciones finales de este trabajo de investigación atienden la postura teórica
de Gabilondo (2009), adaptada en los siguientes puntos en común:
La forma en que deben ser atendidas las necesidades educativas especiales este
presidida por principio de integración y por el reconocimiento de la necesidad de actuar
con miras a conseguir escuelas que incluyan a todos y a todas; es decir, escuelas
integradoras que celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las
necesidades de cada uno de los alumnos. Escuelas capaces de ofrecer una educación de
calidad, donde la diversidad sea un elemento enriquecedor y no discriminatorio. Desde
esta igualdad incluyente e intercultural podemos formar la convivencia en una sociedad
plural.
El Gobierno Nacional tiene que crear las condiciones necesarias que auspicien una
educación inclusiva y así proporcionar los recursos suficientes para realizar una detección
y atención temprana, para supervisar y evaluar el aprendizaje de los alumnos, para
garantizar la necesaria formación del profesorado; inclusive, para fomentar y facilitar la
participación de los padres.
Gracias a las acciones de las autoridades se ha generalizado una nueva concepción de
la discapacidad desde el enfoque de los derechos humanos y desde la construcción de
una sociedad que acepta y valora la diversidad como elemento enriquecedor de la
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convivencia. Esta nueva concepción enfatiza la autodeterminación, la integración, la
igualdad de derechos y las capacidades. Del mismo modo, sita la dignidad, la autoestima
y la igualdad de derechos en el corazón mismo del debate universitario en relación con
la discapacidad.
Para los docentes universitarios, es imprescindible la accesibilidad en todos los sentidos
y garantizar la escolarización es decisivo a fin de lograr una efectiva incorporación a la
comunidad educativa. En este sentido, hemos de ser activos con políticas específicas,
participando, promoviendo y reactivando la inclusión.
No basta la sensibilización, hace falta coordinación, recursos y medidas de apoyo. Ese
es el reto de la universidad del siglo XXI.
Es necesario insistir en el valor de las personas con discapacidad, en sus derechos como
ciudadanos, en su derecho a participar plenamente y en su derecho a contribuir como
sujetos sociales.
Tenemos que abordar la discapacidad desde una dimensión social, sensibilizando a la
sociedad y creando un ambiente adecuado para que puedan hacerse efectivos los
derechos de los estudiantes. Esto hay que hacerlo no como un acto de conmiseración o
de condescendencia, sino como una acción de reconocimiento y de responsabilidad.
La inclusión no es solo un signo de equidad, sino de calidad de la educación. La calidad
sin equidad y sin inclusión educativa es elitismo y discriminación. Hay que trabajar
unidos para conseguir un cambio cultural en el ámbito educativo: este será un nuevo
pacto social y político por la educación.
Debemos atender las necesidades educativas especiales que tienen las personas con
discapacidad si queremos conseguir una educación de calidad para todos. Para ello,
necesitamos aceptar que todos los estudiantes son diferentes, que cada uno es único y
especial, con unas necesidades singulares. Cada uno es irremplazable, insustituible. Y que
por eso el sistema educativo debe adaptarse a las necesidades de cada cual, a sus
capacidades y a sus intereses.
Tenemos que pasar de la integración a la inclusión educativa. No se trata de que el alumno
con discapacidad se adapte y se integre, sino que la universidad apueste por él y haga
todo lo necesario para conseguir que tenga en verdad el mismo derecho a la educación
que el resto de sus compañeros.
Necesitamos una educación incluyente, que vea a todos los alumnos como capaces de
aprender, y anime y honre todos los tipos de diversidad, apoyando las cualidades y
detectando las necesidades de cada uno de los estudiantes.
La inclusión no es solo asimilación, sino incorporación plena en una comunidad. Con este
propósito, hemos de propiciar programas que desarrollen la formación específica de las
personas con discapacidad para la inserción laboral.
Nuestro objetivo es consolidar una educación que consiga mejorar la calidad de vida de
nuestros alumnos. Todos debemos ser parte de la creación de políticas sociales activas
pues al ser conocedores de esta realidad estamos preparados para formular medios de
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solución ante las adversidades (Siavichay Sinchi, 2016).
Es innegable la evolución de las normativas ecuatorianas referentes a la discapacidad;
sin embargo, aún falta mucho por hacer puesto que no solo las personas con
discapacidad tienen responsabilidad de hacerse cargo de su realidad, también nosotros
como autoridades universitarias somos responsables de las personas sin discapacidad.
La mayor discapacidad se encuentra en la mente de las personas, en una sociedad
excluyente, incapaz de mirar y respetar la diferencia. En cambio, una sociedad que piensa
en personas diferentes y se estructura considerando los derechos de todos y todas
rompe las situaciones de discapacidad que viven estas personas (Eras, 2013).
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Revista Ciencia & Tecnología
ISSN impreso: 1390 - 6321
No. 18, 30 de abril de 2018
